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sábado, 20 julio, 2024

Por la supuesta “mesa judicial” contra el Pata Medina, los K presionan para crear una comisión investigadora en la Legislatura bonaerense

Tal vez María Eugenia Vidal al reconocer la “ilegalidad” del video tomado en la sede porteña del Bapro, donde se trazó una estrategia prejudicial para el aporte de evidencia contra las extorsiones del sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina, aportó un elemento consistente para justificar una investigación.

La ex gobernadora es querellante en la causa por presuntos espionajes de agentes de la AFI contra políticos, incluidos oficialistas. Ella misma, entre ellos. Sobre estas evidencias en el Bapro, interviene el juez federal en lo Penal de La Plata, Ernesto Kreplak. Interviene porque la propia interventora de la AFI, Cristina Caamaño, realizó la denuncia. El componente más enrevesado del expediente en marcha es la presencia en esa reunión de tres agentes jerárquicos, hasta 2019, de la misma AFI.

En esta trama, el oficialismo cree haber hallado un ducto para llegar hasta el ex presidente Mauricio Macri, quien acaba de ser sobreseído por camaristas federales en una investigación, precisamente, en causa de espionaje. En el mismo rodamiento judicial que Vidal se sitúa como víctima. Por estos intersticios se cuelan objetividades, pero también intereses políticos.

La oposición ve trampas donde el gobierno destaca intencionalidades fisgonas peligrosas.

Todo sobre un hecho comprobable: el 15 de junio 2017, en la sala de reuniones del banco provincial, desarrollaron un encuentro funcionarios del gabinete bonaerense con representantes de entidades empresarias, emprendedores y de sectores vinculados con la construcción.

Estaban el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, y el ministro de Infraestructura, Roberto Gigante. También el intendente de La Plata, Julio Garro y el senador Juan Pablo Allan. Pero también concurrieron Sebastián De Stéfano, entonces director de Asuntos Jurídicos de la AFI, Mario Biorci, jefe de Gabinete y cuñado de Silvia Majdalani, la N° 2 de la Agencia, debajo de Gustavo Arribas, y Diego Dalmau Pereyra, el primer director operacional de Contrainteligencia de la AFI durante el gobierno de Macri.

Los privados habían concurrido, tal como explicaron en un documento publicado por Clarín, como en otras reuniones similares para encontrar la forma de terminar con los delitos de extorsión y amenazas de Medina. Incluso con presentaciones judiciales que nunca prosperaron en 20 años de insistencia. Conocido el video tomaron distancia de expresiones pronunciadas por Villegas. El funcionario había incursionado en un terreno de marisma al advertir que, de ser posible, crearía “una Gestapo” para perseguir sindicalistas corruptos. El ministro no sabía que una cámara lo expondría después.

Ese derrape fue el disparador, aunque resulte subsidiario de la cuestión importante. ¿Quién ordenó la filmación?. ¿Què hacían los tres espías allí?. ¿Cuál su función en la compilación de pruebas contra Medina?. Y lo más anegadizo es determinar si desde algún nicho del gobierno provincial, en connivencia con el Ejecutivo nacional, acordaron esa presencia.

Algo es seguro. Ningún juez ordenó las imágenes. A esa “ilegalidad” se refiere Vidal. Dice que “la reunión fue pública”. Salvaguarda la responsabilidad de Macri. E insinúa que quieren comprometerla porque persiguió a las mafias. En su gestión fue procesado Marcelo Balcedo (Soeme). Se encuentra con prisión domiciliaria en Uruguay en causa de lavado de activos.

Ese misma abordaje adoptó el PRO en las ùltimas horas. Consideran que se trata de “otra operación judicial del Frente de Todos” y defienden a Vidal.

“Los mafiosos no pueden convertirse en víctimas”, menciona el espacio político que lidera Patricia Bullrich. Además, plantea que Caamaño, integrante de Justicia Legítima, realizó la presentación “en un tribunal que no es competente por ser de otra jurisdicción”. En alusión a que el encuentro en cuestión fue en CABA. Esa competencia està en plena discusión. Mientras, el jueves, Kreplak, rechazó la recusación solicitada por Juan Sebastián De Stéfano. El ex agente, actual integrante del directorio de Subterráneos en CABA, había planteado que el magistrado es parcial para investigar la causa de la supuesta mesa judicial encargada de armar causas contra dirigentes gremiales.

Los tribunales tienen su marcha. Mucho más presuroso es el tiempo político. Desde Axel Kicillof hasta el bloque del Frente de Todos en la Legislatura provincial reclaman que el Procurador Julio Conte Grand renuncie al cargo. ¿Cuàl es el argumento para esa demanda extrema?. Acusan al ex secretario de Legal y Técnica en el inicio de la administración Vidal, de contribuir con logística al supuesto laboratorio judicial de pruebas para el armado de las causas. El bloque pidió el juicio político. Un trámite para el que están escasos de bancas. El gobernador apoya. Pide “explicaciones” de Vidal. Descree de la ignorancia de la ahora diputada “sobre qué ocurría en su banco”. A resguardo, los bloques de ambas cámaras de Juntos por el Cambio defendieron “la institucionalidad” y adelantaron que no acompañarán la solicitud de juicio político.

Hay un corte entre ambas posiciones. Visibles. Juntos por el Cambio ratifica el carácter acusatorio contra Medina y Balcedo, como “símbolos” de gremialismo corrupto. El gobierno prefiere evitar la referencia a las metodologías y prácticas de ambos, que la Justicia ponderó punibles, con procesamiento y condena. Previsible, César Albarracín, abogado del “Pata”, pidió la nulidad de lo actuado.  Ya en 2021 había recobrado la libertad condicional, que después violó y debió retornar al arresto domiciliario. 

El tema tiene un escalamiento en la Legislatura, concurrente con la dinámica que adopta en la Bicameral del Congreso Nacional para el seguimiento de los hechos. Ya hay un listado de testimonios requeridos, entre ellos Vidal. En el parlamento bonaerense el Frente de Todos intentara habilitar una comisión investigadora. Es el trámite posterior a la admisión de ese tratamiento.

Antes, este martes próximo, la cámara de Senadores, autoconvocada, dará conformidad a Kreplak para un allanamiento en el despacho de Juan Pablo Allan. El juez debe esperar la sesión como establece la Ley de Fueros.

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