Los 14 ex directivos de Vicentin que fueron imputados por estafa no deberán enfrentar la prisión preventiva mientras se investigue si hubo delitos en torno a la cesación de pagos por US$1.350 millones, aunque deberán presentar un seguro de caución (fianza) de US$10 millones.
Este juicio penal que se desarrolla en el Centro de Justicia Penal de Rosario, se inició en julio de este año y tuvo sus primeras audiencias esta semana, está a cargo del juez penal Román Lanzón (Primera Instancia del Distrito N°2 rosarino) y transcurre por vía paralela al concurso comercial, que lidera en Reconquista el juez Fabián Lorenzini, cuya definición se espera para antes de fines de año, con el eventual pago de parte de la deuda. Con todo, en ambos procesos está involucrada la que fue la mayor agroexportadora de capitales nacionales hasta 2019 y sus más de 1700 acreedores, entre bancos y proveedores del mercado granario.
Este jueves, tras el pedido del fiscal Miguel Moreno (de la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación-MAP), Lanzón rechazó que los ex ejecutivos Roberto y Javier Gazze, Alberto Macua, Daniel Buyatti y Miguel Vallaza, más el ex síndico y actual presidente del directorio, Omar Scarel vayan a la cárcel mientras se lleva adelante el juicio. Y desestimó también la solicitud de la fiscalía para que Buyatti, presidente de la empresa al momento del default, deba usar tobillera electrónica.
Según decidió el juez, Moreno no pudo acreditar pruebas que pongan en riesgo el proceso judicial como para ameritar la pérdida de libertad de los imputados. Tuvo en cuenta que los hechos invocados por el fiscal en la acusación ocurrieron más de un año atrás y ahora está resguardada toda la documentación. En ese sentido, el juez también desestimó la acusación de balances falsos.
Frente la acusación de Moreno, los abogados defensores Jorge Ilharrescondo y Daniel Cuenca alegaron que “los ex directivos de Vicentin se han mantenido a derecho y nunca entorpecieron el proceso investigativo”.
En la audiencia de este jueves se revelaron escuchas telefónicas que apuntaron especialmente a Omar Scarel, actual presidente del directorio, quien mientras era síndico habría realizado maniobras para alterar números contables y nóminas directivas en Vicentin SAIC y otras firmas del grupo empresarial.
Esta causa penal fue iniciada por un grupo de acreedores patrocinados por el abogado Gustavo Feldman, con la presentación de una denuncia a la que luego se sumó un grupo de bancos internacionales que reclaman más de US$500 millones y también el banco Macro.
En tanto, desde el Banco Nación –que reclama US$ 300 millones-, este jueves, luego de la audiencia consideraron que la fianza y el impedimento para salir del país “confirmaría que hubo un fraude millonario organizado por funcionarios macristas, que perjudicó a centenares de empresas, pequeñas cooperativas, trabajadores y a los ahorristas de los bancos”, según expresó Eduardo Hecker, titular de la entidad crediticia pública.
Cómo sigue el concurso comercial
A la par del trámite penal, Lorenzini convocó a una serie de audiencias “de seguimiento y control de la propuesta concursal difundida por Vicentin –dolarización y quita del 70%, con “pronto pago” de US$ 20.000 a cada uno de los acreedores-, para los días 16, 17, 18, 23, 24 y 25 de noviembre.
En esas instancias, los acreedores podrán negociar la oferta que propone Vicentin en su proceso de re estructuración. La agropexportadora tiene plazo hasta el 16 de diciembre para obtener las mayorías que avalen un acuerdo preventivo (la mitad más uno de las cápitas acreedoras y el 66% de la deuda verificada). Caso contrario podrá abrirse un proceso de cramdown (salvataje).
En ese sentido, luego de la audiencia penal de este jueves, y despejado el riesgo de encarcelamiento para los ex directivos, desde Vicentin indicaron que ahora se concentrarán en avanzar con la propuesta concursal de pago a los acreedores en acuerdo con los interesados estratégicos (Asociación de Cooperativas Argentina, Molinos Agro y Viterra) que aportarían US$ 300 millones para la continuidad operativa de la empresa, a cambio del 90% de las acciones de la empresa.