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domingo, 14 julio, 2024

Espionaje ilegal: suspenden indagatoria de Mauricio Macri


 

El expresidente Mauricio Macri se presentó este jueves a declaración indagatoria en la causa por espionaje ilegal a familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, pero el trámite se suspendió porque no está relevado de su deber de guardar secreto de Estado sobre temas de inteligencia.


 

Macri ingresó poco antes de las 12 al juzgado federal de Dolores a cargo de Martín Bava junto a su abogado Pablo Lanusse y se retiró casi una hora después sin declarar, informaron a Télam fuentes judiciales.

 Según explicaron las fuentes, cuando iba a comenzar el trámite se informó que, por su condición de exmandatario, está obligado a guardar secreto de Estado.

 Más tarde, Bava requirió al presidente Alberto Fernández que, “de ser necesario”, releve a su antecesor en el cargo, Mauricio Macri, del “deber de confidencialidad” para que pueda declarar en calidad de imputado, informaron fuentes judiciales.

 El magistrado se dirigió a través de un oficio al presidente Fernández “a fin de requerirle que, de ser necesario, releve al imputado del deber de confidencialidad obrante en la ley 25.520”, y señaló en el escrito, al que tuvo acceso Télam, en virtud de un planteo de la defensa de Macri que fuera acompañado por el fiscal Juan Pablo Curi en el marco de la suspendida indagatoria prevista para hoy.

 “Se hace saber que esta cuestión se vincula al requerimiento oportunamente cursado a la Agencia Federal de Inteligencia, para que informe si, en tenor del cargo que le cupo al imputado, correspondía relevarlo del deber ya mencionado”, señaló el juez federal interino de Dolores en el texto al que accedió esta agencia.

 Según consignó el magistrado, “el día 6 de octubre del corriente, la Sra interventora de la AFI expresó que: ´la Agencia Federal de Inteligencia -y por lo tanto su dirección- se encuentra supeditada tanto jerárquica como funcionalmente al Presidente de la Nación y a las políticas que fije por imperio legal”.

 En la misma repuesta, la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, señaló que “la normativa vigente coloca en cabeza del Presidente de la Nación la facultad de decidir sobre la autorización de acceso a la información clasificada y solo será el Presidente quien pueda delegar expresamente esa facultad en el funcionario que entienda”.

 Antes, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) informó al juzgado no estar en condiciones de relevarlo de esta obligación ya que el pedido debe hacerse ante el presidente de la Nación.

 La nueva fecha se fijará una vez que se cumpla con este requisito para que Macri pueda hablar o responder preguntas vinculadas a cuestiones de inteligencia.

 Macri llegó a las 10.30, a la sede de la Municipalidad de Dolores, donde mantuvo una reunión con dirigentes del PRO, como Jorge Macri y el jefe comunal, Luis María Camilo Etchevarren.

 Desde antes de las 7, comenzaron a llegar a la sede del juzgado, ubicado sobre la calle Buenos Aires en el centro de Dolores, efectivos de la Policía Federal que cortaron la calle y desplegaron un operativo de seguridad, en tanto que se registra una importante presencia de medios de comunicación.

 A dos cuadras del juzgado, en la Plaza Castelli, se montó una especie de escenario en el acoplado de un camión, donde se desarrolló un acto de apoyo a Macri organizado desde Juntos por el Cambio (JxC), aunque pocas personas se acercaron a apoyar al exmandatario.

 A horas de la indagatoria, el tribunal de apelaciones rechazó la recusación con la cual la defensa de Macri pretendía correr de la causa al juez que el 1 de octubre dispuso que se lo convocara a dar explicaciones por el supuesto espionaje a familiares de las víctimas del ARA San Juan.

 Macri está imputado desde hace más de un año por supuestas maniobras de espionaje ilegal que, de acuerdo con la investigación judicial, habrían tenido por objetivo monitorear las actividades de las organizaciones de familiares de las víctimas del hundimiento del submarino San Juan “desde la perspectiva de la afectación a la imagen de la gestión de Gobierno”.

 Se lo acusa de haber ordenado y posibilitado, entre diciembre de 2017 y finales del 2018, “la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la Ley 25.520 y sus modificatorias, consistentes en la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos”.

 “Entre esas tareas de espionaje prohibidas por ley, se le imputa haber ordenado y posibilitado la realización de numerosas de ellas con el propósito de obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan”, dice la imputación que ya fue expuesta en el llamado a indagatoria.

 Las acciones ilegales “buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento de dicho submarino y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno, como la identificación de sus referentes”, se indicó en la imputación.

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