En medio del insólito tironeo mediático entre funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner, que preside Alberto Fernández, por la respuesta que debería ensayar el Estado nacional frente al clima de inseguridad que se instaló en la Patagonia por el accionar de bandas delictivas que han sembrado el terror en la región (matando e hiriendo personas, quemando viviendas y campos) del otro lado de la cordillera de Los Andes, el gobierno chileno dispuso extender hasta el 11 de noviembre el “estado de excepción” en el sur, lo que implica la militarización de esa zona en disputa con los mapuches, el principal pueblo indígena del país vecino. Ese conflicto traspasó la frontera y anidó, con la complacencia del kirchnerismo, en la Patagonia argentina donde se multiplicaron los actos de terrorismo.
La repetición de los episodios de violencia exceden la calificación de vandalismo, son actos terroristas puesto que sus autores no persiguen un objetivo de lucro o simple daño sino que están fundados en un ideario político: reivindican su autodeterminación como dueños (ancestrales) de esa región. Todo aquel que no forma parte de ese movimiento es un invasor, un usurpante y por lo tanto un enemigo que debe ser desalojado y si es necesario eliminado. Ya hubo ataques con armas de fuego contra los pobladores.
En algunos lugares la gente vive encerrada. Y volvieron las armas, como en las películas de Hollywood, pero lamentablemente no es cine.
No se trata de una guerra entre aborígenes y criollos, no es una discusión sobre avasallamiento de derechos de los pueblos originarios, simplemente es una avanzada de bandas delictivas que trabajan organizadamente en distintas provincias del sur (sobre todo Chubut y Río Negro) y que emplean métodos terroristas. Usan el camuflaje mapuche para apoderarse de tierras que son paraísos naturales. Pretenden constituir una nación y declarar un estado soberano, separado de Argentina y también de Chile.
El comando terrorista está concentrado en la agrupación denominada Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), responsable de los ataques en la Patagonia. Uno de los cabecillas de la sublevación es Jones Huala, quien fue condenado en Chile por homicidio y cumple condena. La Argentina, a través del embajador Rafael Bielsa (el hermano diplomático del entrenador de fútbol) pidió la libertad de Huala, es decir avaló explícitamente al movimiento terrorista que pretende constituir un estado independiente en el sur, seccionando una parte de la Argentina. Insólito, pero real.
El gobierno del FdeT ha tropezado con una incoherencia todavía más grave al negarle inicialmente asistencia a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras. Los Fernández, Alberto el presidente y Aníbal el ministro, se despacharon con una incordiante negativa frente al reclamo provincial, luego tuvieron que salir a corregir el desaguisado. Pero la RAM, que no son mapuches según dicen distintas comunidades mapuches que sí vive en paz en la región, sigue asolando las localidades cordilleranas. Mandaron gendarmes, pero hasta el momento no tuvieron éxito en su misión. ¿Tendrán claro, los uniformados, su misión?
En las últimas horas un puñado de diputados nacionales de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto que solicitan al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que convoque al Comité de Crisis para resolver el conflicto en el sur. El artículo 13 de la ley de Seguridad Interior 24.059 determina claramente el ejercicio del Comité a efectos de “la supervisión política y operacional de los cuerpos policiales y de las fuerzas de seguridad federales para de garantizar la seguridad”. Se refiere al terrorismo que sufren Río Negro, Chubut y Neuquén.
Mientras, del otro lado de la cordillera, Sebastián Piñera toma medidas fuertes.