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jueves, 13 junio, 2024

Causa 8 Obreros: acusados pidieron la suspensión del juicio y el fiscal es clave

La causa por la muerte de los 8 obreros ocurrida el 22 de marzo de 2012 tuvo ayer una primera audiencia ante el Tribunal Oral Penal Nº 1 (TOP1) de la ciudad de Corrientes donde fue acep­tado un planteo defensivo para someter a considera­ción la suspensión del juicio mediante aplicación de la figura de la “probation”, in­formaron fuentes judiciales. Si bien existía expectativa de que a casi una década de la tragedia se iniciara la etapa de enjuiciamiento de los tres procesados: Marcelo Mayer, Walter Bruquetas y Carlos Valenzuela (un cuar­to acusado fue sobreseído meses atrás por padecer Alzheimer) en términos formales esto no ocurrió ya que el doctor Julio Leguiza­món, representante legal de Mayer -arquitecto de la obra de calle San Martín al 652- solicitó al TOP1 examine la posibilidad de otorgar el beneficio a su cliente invo­cando la ley 24.136, la cual incorpora el instituto en el artículo 76 bis del Código Penal de la Nación (CPN). Las fuentes explicaron que “Leguizamón llevó ante el tribunal acuerdos y con­venios con varios damnifi­cados, pero restaron otros; que fueron escuchados esta mañana (por ayer)” y de­tallaron que en la jornada “comparecieron Margarita Báez y Nancy Rivero, quie­nes manifestaron no querer acordar y Enrique Zarabozo, quien afirmó que está en trámite de llegar a un arre­glo negociando los términos del mismo”. 

Le mencionada legisla­ción en la que se amparó el legislador indica que la parte damnificada puede aceptar o no el acuerdo en el cual el imputado ofrece una reparación del daño, así como someterse a reglas de conducta y/o realizar tareas comunitarias por el plazo de hasta 3 años pero es taxa­tivo: “Si las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimien­to de la condena aplicable, y hubiese consentimiento del fiscal, el tribunal podrá suspender la realización del juicio”. 

“Se hizo un ofrecimien­to, primero escrito, de par­te del empresario Mayer y también se hizo un ofreci­miento al vecino Zarabozo. Mis representados no quie­ren saber nada, se negaron a que se suspenda el juicio, quieren que haya respon­sables, que haya culpables y condenas”, aseguró ayer al terminar la audiencia el abogado querellante Rubén Leiva, en declaraciones ra­diales. Leiva, representa a tres familiares, una de ellas es Rosa Urbina (quien en su momento encabezó las mar­cha en reclamo de justicia durante los años posteriores al hecho) comentó que “se ofrecieron 500 mil pesos para todas las familias”.

Una vez concluida la in­tervención del defensor Leguizamón, hicieron los propios los representantes de los otros dos acusados, la defensora oficial María Marta Correa por Bruquetas y su par Nicolás Báez por Valenzuela, este último al no contar con los mismos recursos económicos ofre­ció dar clases y hacer trabajo de mampostería. 

El TOP -conformado por los jueces Raúl Juan Carlos Guerín, como presidente, y las doctoras Cynthia Tere­sita Godoy Prats y Ana del Carmen Figueredo como vocales- fijó para el próxi­mo 29 de octubre a las 8 la próxima audiencia, en la que el fiscal Carlos Lértora deberá opinar respecto a los planteos de suspensión de juicio, si el representante del Ministerio Público da su consentimiento los magis­trados estarán habilitados a otorgar el beneficio, lo que supondría que -de no haber ninguna alteración posterior- no habría jui­cio y los acusados (hoy en libertad) eludirían la cár­cel, pero también podrían denegarla.

FAMILIARES JUN­TO A UN GRUPO DE ACTIVISTAS SOCIALES ESTU­VIERON FUERA DE LA SEDE JUDICIAL AGUARDANDO LAS NOVEDADES DE LA AUDIENCIA. POR RAZONES SE BIOSEGURIDAD, EL TRIBUNAL DIS­PUSO QUE EN LA SALA SÓLO ESTÉN LOS JUECES Y ABOGADOS. LOS TRES IMPUTADOS ESTUVIERON PRESENTES DE FORMA REMOTA. 

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